Es ilegal que la ONCE eche a trabajadores por vender poco

Es ilegal que la ONCE eche a trabajadores por vender poco

Publicado el 15/09/15 - por Óscar F. Civieta

Declaran improcedentes los despidos de trabajadores de la ONCE por no alcanzar los mínimos de venta. La OID acusa de nuevo de monopolio a la organización.

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) se ha llevado un buen varapalo jurídico. Golpe que, por otra parte, podría ser esperado porque el asunto no es fútil. Dos juzgados, el de lo Social número 38 de Madrid y el número 8 de Málaga, han dictado sendas sentencias en las que dejan claro que despedir a un vendedor del cupón de la ONCE por no alcanzar el mínimo de ventas estipulado (práctica habitual de esta organización) es improcedente.

En su sentencia, el magistrado de Málaga señala que las ventas pueden verse afectadas por muchos condicionantes, y no solo por el buen o el mal hacer del trabajador en cuestión. Por ejemplo, el hecho de que el punto de venta que, en muchos casos, quizás no sea el más apropiado. El juez apunta que, en el caso particular de la empleada cesada en la capital malagueña, se ha podido constatar “que ningún otro vendedor o vendedora había mejorado las ventas de la trabajadora despedida”.

Por una línea similar discurre el argumentario de la sentencia del juez de Madrid. Al igual que su colega andaluz pone el acento en las distintas circunstancias que intervienen. En este caso, se refiere a la crisis económica que vive España y que, asegura, “incide de manera directa en la supresión de gastos superfluos”.

Ambas sentencias reflejan una realidad similar a la ya denunciada con anterioridad por CCOO. Desde el sindicato señalan que los vendedores y vendedoras no son, en gran parte de los casos, los principales responsables de unas cifras malas: “La ubicación del punto de venta, los productos comercializados o la existencia de una competencia desleal a través del Canal Físico Complementario (CFC)”, son algunos de los otros elementos que tienen una incidencia directa.

Según el sindicato, en la ONCE deberían dejar de culpar al resto y detectar los errores de gestión que, “lustro a lustro, nos han ido dejando en el vagón de cola del sector del juego”. Afirman, además, que hace ya tiempo que solicitaron a la organización que se negociaran cambios para impedir que los trabajadores con pocas ventas fueran sancionados. Pero han recibido la callada por respuesta.

La OID vuelve a acusar al Gobierno de fomentar el monopolio de la ONCE

Justicia en la ONCENo son buenos tiempos, ni mucho menos, para la ONCE. En realidad hace ya bastante que la organización no está, precisamente, en su mejor forma. Las ventas no dejan de mirar para abajo, se multiplican las acusaciones desde distintos sectores de recibir un trato de favor por parte del Gobierno y, por si fuera poco, en los últimos meses se han hecho públicas varias informaciones que no les dejan en buen lugar en cuanto al trato que dispensan a sus trabajadores. Cierto es que el impuesto del 20 % para los premios superiores a 2.500 euros, decretado por Montoro en 2013 (so seudopromesa de quitarlo dos años después), tampoco ayuda en demasía.

Hace algo más de tres meses saltaba otro escándalo en los medios por las condiciones laborales impuestas a los vendedores y vendedoras de la ONCE. Se decía en eldiario.es que la Inspección de Trabajo había constatado que la organización promovía que sus empleados “trabajaran fines de semana y festivos, en contra del convenio, para aumentar las ventas”.

Y para rematar, aparece de nuevo la Organización Impulsora de Discapacitados (OID): las luchas y críticas de ida y vuelta entre la OID y la ONCE son ya casi una tradición en el sector de las loterías en España.

Para quienes no conozcan la historia, se puede resumir someramente: la OID es una organización que vende cupones de lotería. Dicen ellos que son alegales, aunque son muchos los que piensan que son directamente ilegales. Reconocen en la OID que no disponen de la licencia preceptiva para operar en el sector de las loterías, pero también dejan claro que la han solicitado en infinidad de ocasiones y que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) se la deniega, fomentando, aseguran, ”el monopolio de la ONCE”.

Y así, con esta teoría como argumento principal, la organización presidida por Dionisio González Otero subsiste entre críticas, denuncias y multas.

Hace ya tiempo que a la OID le pusieron una multa de, nada más y nada menos, que 25 millones de euros por una infracción calificada como “muy grave”. Los servicios jurídicos, que desde hace años funcionan a pleno rendimiento con Javier Gallego a la cabeza, estiman que esta sanción ya ha prescrito y así se lo han hecho saber a la judicatura correspondiente.

González Otero ha enviado una misiva al Gobierno de España en la que, de nuevo, solicita que se legalice su actividad. Incide el presidente en que la Ley del Juego pergeñada por el Ejecutivo se ha hecho para conceder “un monopolio al Estado y a organizaciones como la ONCE”.

Como ya ha repetido en otras ocasiones, asegura que hay un auto de 1999 en el que se dice que no están cometiendo ningún tipo de delito.

En la actualidad, la OID cuenta con 4.000 trabajadores. Del total, solo 400 están dados de alta y el resto ejercen como autónomos. De lo que gana la organización, dice, el 50 % se destina al pago de premios, “nunca hemos dejado de pagar ninguno”; el 9 % a administración, y el 3 % es reinvertido en otras compañías de la entidad.