Decomisadas en Puerto Rico 400 tragamonedas en 9 meses

Decomisadas en Puerto Rico 400 tragamonedas en 9 meses

Publicado el 04/09/15 - por Óscar F. Civieta

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 77, el Ejecutivo portorriqueño ha decomisado 400 máquinas ilegales e impuesto multas por valor de US$ 1,5 millones.

TragamonedasEn Puerto Rico, los entes encargados de vigilar el correcto funcionamiento del sector del juego son la Compañía de Turismo y el Departamento de Justicia. Ambos, lógicamente, dependientes del Ejecutivo estatal. Solo con esto ya se pueden advertir dos cosas a tener muy en cuenta: un propósito claro de hacer que el juego sea un atractivo más para los turistas que llegan a la isla y, por otra parte, la intención de que la industria se desarrolle, en la medida de lo posible, dentro de los límites establecidos por la ley.

La Ley 77 es la que marca ese camino que, desde el Gobierno de Puerto Rico, pretenden que se siga. Y hasta el momento parece que está funcionando bien. Al menos es lo que se infiere de las cifras y, sobre todo, de las palabras pronunciadas por la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort.

No hay que olvidar, a la hora de valuar los comentarios, que Rivera Rocafort es parte del entramado gubernamental y, por ende, no sería demasiado lógico que hablara mal de una legislación por ellos promulgada con el objetivo de terminar con la corrupción en el sector del ocio y el entretenimiento.

La directora apuntó que, desde diciembre de 2014, la Compañía que ella lidera, con la ayuda del Departamento de Justicia, había decomisado 400 máquinas de juego ilegales, además de interponer multas por valor de 1,5 millones de dólares. Se vanagloria Rivera de que, “por fin”, exista un reglamento a través del cual pueden incautar las tragamonedas ilícitas.

Recordó que solo los bares están autorizados para contener estas máquinas. Y ningún tipo de establecimiento más. El problema de las tragamonedas que operan de manera ilícita en todo tipo de tiendas no es, ni muchísimo menos, exclusivo de Puerto Rico; más bien se podía considerar una lacra de urgente solución en un buen número de países americanos. Quizás sea en Chile, con las conocidas como “salitas”, donde más se han desarrollado estos negocios al margen de la ley.

La Ley 77, al igual que las regulaciones que se están desarrollando en otros territorios del entorno, trata de sacudir la mucha suciedad en forma de corrupción que asolaba a un mercado como el del juego. Por ello, y con el claro propósito de convertirlo en un atractivo turístico de primera magnitud, la Compañía dirigida por Rivera no solo tiene potestad para incautar máquinas, sino que es la encargada de otorgar las licencias de apertura a los establecimientos de juego (casinos y salas en general).

Se esperan beneficios de US$ 268 millones

El Gobierno de Puerto Rico cifra en 268 millones de dólares las previsiones de ingresos procedentes de los casinos para el presente año. Cifras bastante optimistas, más si cabe después de que 2014 se cerrara con un descenso del 3 %, que continuaba con la línea descendente del 6 % que ya se dibujó en 2013.

Del total de ingresos, la mitad se reparte entre la Compañía de Turismo, el fondo general y la Universidad de Puerto Rico. El otro 50 % va para los hoteles (más fomento del turismo). En la actualidad, la industria del juego tiene alrededor de 2.400 trabajadores en la isla.